España tiene uno de los porcentajes de presos más altos de Europa. Entre 1980 y 2009, se ha cuadriplicado su población penitenciaria. En algo menos de 30 años, se ha pasado de tener una población reclusa de un poco más de 18.500 personas, en 1980, a más de 77.000 personas presas en la actualidad. Sin embargo, el número de delitos no aumenta. Actualmente, España tiene la tasa menor de Europa, con menos de 47 delitos por cada 1.000 habitantes. Cifras que contrastan con la presión pública para que se endurezcan las penas y el código penal.
Organizaciones, juristas y profesores se han adherido a la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible para contrarrestar el clima de “populismo punitivo que vive la sociedad española”. Desde aquí, se explica que la legislación penal española se aplica de manera muy estricta y de ahí el número de internos que hay en los centros penitenciarios españoles. Desde esta Plataforma, ven necesarias reformas en el derecho penal y en las instituciones penitenciarias para humanizar el sistema.
“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”, dice el artículo 25.2 de la Constitución Española. Los centros penitenciarios, por tanto, no sólo son castigo sino que están orientados a la reinserción social. La práctica nos dice que este artículo constitucional tiene un difícil cumplimiento. La falta de personal (educadores, psicólogos, trabajadores sociales…), el número de internos en las prisiones y, a veces, la actitud de algunos funcionarios hace que la prisión pierda su sentido y se convierta en un mero lugar de reclusión. Y tampoco pueden dar respuesta a todos los problemas sociales. En los centros penitenciarios hay extranjeros, personas con adicciones, personas que desde niños han vivido excluidos, personas analfabetas, personas que sufren alguna enfermedad mental… Es cierto que ninguno “está ahí por haber ayudado a cruzar la calle a una abuelita”, como se dice entre los presos, pero, a veces, la cárcel no es la mejor solución.
Actualmente, un 66% de los internos están en prisión por delitos contra el patrimonio y por delitos contra la salud pública, es decir, por robos y por tráfico de drogas, según los datos del gobierno español. Así, “el mito popular sobre la alta peligrosidad y la gravedad de los delitos de las personas que están encarceladas y que subyace en las peticiones expansionistas del sistema penal pierde intensidad”, sostiene la plataforma Otro Derecho Penal es Posible.
También hay que romper con el tópico de que las prisiones son “resorts de lujo”, donde uno va con todos los gastos pagados. Esta percepción cambia si uno la ve de cerca. Los centros penitenciarios son lugares hostiles y agresivos, donde la persona pasa a ser un número, donde se tienen rutinas muy estrictas, donde no abundan las actividades y los talleres, donde no puedes moverte con libertad, donde no hay una asistencia sanitaria adecuada… Visto así, no parece un sitio de lujo.
Otro Derecho Penal es Posible también advierte de que en España las condenas se cumplen de manera íntegra. La mayoría de las personas cumplen sus penas en 1º y 2º Grado, lo que significa que lo hacen en la cárcel. Menos de 7.000 personas se encuentran en situación de 3º Grado, es decir, que salen de la prisión durante el día y vuelven por la noche o tienen permisos los fines de semana.
Las Instituciones Penitenciarias son unas grandes desconocidas. Son poco transparentes. De ahí, la falta de conocimiento de la sociedad sobre el entorno penitenciario y sobre lo que significa la privación de libertad. Organizaciones como SOLIDARIOS para el Desarrollo entran todas las semanas en prisión con cientos de voluntarios como un soplo de aire fresco. Es importante que la sociedad civil entre en las prisiones y que cuenten esa realidad tan distinta al imaginario colectivo.
Artículo de Ana Muñoz Álvarez, periodista y miembro del Centro de Colaboraciones Solidarias.
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