.Las empresas pagan las remuneraciones a su personal bajo la modalidad que estimen (depósito bancario, cheque o cash). No hay normas que regulen la forma de pago de las remuneraciones y ello genera en ocasiones que los trabajadores no puedan cobrar sus beneficios sociales o tengan dificultades para hacerlo.
Hay países –como Argentina– que han implementado esta propuesta de ley. Se trata que los trabajadores solamente puedan cobrar sus remuneraciones y beneficios sociales a través del sistema financiero que ellos elijan brindándose mejores garantías para la tutela de los sueldos.
Actualmente, poco más de un millón doscientos mil trabajadores de 13 500 empresas cobran sus sueldos a través del banco elegido por las empresas. Hay casi novecientos mil trabajadores que cobran sus sueldos en efectivo u otros medios que trabajan en casi 165 000 empresas. Así, el 60% de los trabajadores cobran sus sueldos a través del sistema financiero.
El Ejecutivo está finalizando los debates en torno a la Ley de Bancarización Salarial y que busca que los sueldos se paguen a través de las entidades del sistema financiero y que el trabajador elija la entidad que estime conveniente, tal como ocurre con algunos países. ¿Se debe bancarizar los sueldos de los trabajadores en el país?
Creemos que es una interesante propuesta. La bancarización se aplicaría a todas las empresas, salvo las micro empresas o aquellas que tengan dificultad para cumplir con la bancarización por la situación geográfica. Del lado del Estado, la bancarización proporciona mayores herramientas para los sistemas de fiscalización y combatir la informalidad y simulación laborales.
Para los trabajadores, representa una mayor garantía para el efectivo e íntegro cobro de sus sueldos y beneficios sociales, y la posibilidad de escoger la entidad bancaria –sin costo alguno porque el proyecto de ley así lo establece– representa brindarles facilidades en armonía con su libertad de opción y también puedan acceder al crédito u otros beneficios que genera la libre competencia entre los bancos.
Las empresas, nuevamente, tendrán un costo administrativo –como ocurre con la CTS o las planillas electrónicas– pero creemos que es la cuota de colaboración a favor de las políticas globales que buscan proteger al trabajador y de la lucha contra la informalidad.
Finalmente, si se aprueba esta propuesta –luego del Ejecutivo tendrá que ir al Congreso– se debe aplicar al Estado y permitirse que los trabajadores del sector público también escojan al banco (que no necesariamente es el Banco de la Nación). Lo decimos porque, en algunas ocasiones el Estado se ha eximido de la aplicación de normas generales (por ejemplo, de las normas sobre tercerización, services, aportes a ESSALUD, pago de gratificaciones y CTS, etc.).
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