lunes, 1 de agosto de 2011

I CONGRESO NACIONAL DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

PONENTES:Alfredo Bullard Gonzales
Socio Principal del Estudio Bullard, Falla & Ezcurra.
Maestría en Derecho de la Universidad de Yale, USA. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ha participado como árbitro en más de 90 arbitrajes incluyendo casos administrados por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París ICC, por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, por el Cen ...
tro de Conciliación del Colegio de Abogados, y arbitrajes “ad hoc”.
Presidente de la Comisión Técnica del Ministerio de Justicia para la revisión de la Ley General de Arbitraje Nº 26572 que culminó con la publicación de la nueva Ley de Arbitraje del Perú, Decreto Legislativo 1071.
Profesor de Derecho de la Competencia, Derecho Civil, Análisis Económico del Derecho y Arbitraje tanto en la Pontificia Universidad Católica del Perú como en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Profesor de la Maestría en Derecho de la Empresa y de la Maestría en Regulación en el curso de Análisis Económico del Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Cecilia O’Neill
Jefe del Departamento de Derecho de la Universidad del Pacifico.
Master en Derecho por la Universidad de Penssylvania, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experta en Derecho Procesal Civil, Arbitrajes, Negociación y Conciliación.

Hector Ferrer Tafur
Gerente de Asesoría Legal de ELECTROPERÚ S.A. Miembro del Tribunal de Solución de Controversias del OSITRAN.
Master en Economía y Derecho de la Regulación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas- Programa de Finanzas y Derecho Empresarial para Abogados de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados-ESAN, Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

César Guzman Barrón
Director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Hugo Sologuren
Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Vocal del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ex Vicepresidente de OSINERGMIN, ex Presidente de la Cámara de Comercio de Lima.

Jorge Toyama Miyagusuku
Socio del estudio Miranda & Amado.
Master en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado por la misma casa de estudios.
Profesor de derecho laboral en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de Piura y Pontificia Universidad Católica del Perú.

Otro Derecho Penal es Posible: examinando la reinserción en las prisiones españolas

España tiene uno de los porcentajes de presos más altos de Europa. Entre 1980 y 2009, se ha cuadriplicado su población penitenciaria. En algo menos de 30 años, se ha pasado de tener una población reclusa de un poco más de 18.500 personas, en 1980, a más de 77.000 personas presas en la actualidad. Sin embargo, el número de delitos no aumenta. Actualmente, España tiene la tasa menor de Europa, con menos de 47 delitos por cada 1.000 habitantes. Cifras que contrastan con la presión pública para que se endurezcan las penas y el código penal.

Organizaciones, juristas y profesores se han adherido a la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible para contrarrestar el clima de “populismo punitivo que vive la sociedad española”. Desde aquí, se explica que la legislación penal española se aplica de manera muy estricta y de ahí el número de internos que hay en los centros penitenciarios españoles. Desde esta Plataforma, ven necesarias reformas en el derecho penal y en las instituciones penitenciarias para humanizar el sistema.

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”, dice el artículo 25.2 de la Constitución Española. Los centros penitenciarios, por tanto, no sólo son castigo sino que están orientados a la reinserción social. La práctica nos dice que este artículo constitucional tiene un difícil cumplimiento. La falta de personal (educadores, psicólogos, trabajadores sociales…), el número de internos en las prisiones y, a veces, la actitud de algunos funcionarios hace que la prisión pierda su sentido y se convierta en un mero lugar de reclusión. Y tampoco pueden dar respuesta a todos los problemas sociales. En los centros penitenciarios hay extranjeros, personas con adicciones, personas que desde niños han vivido excluidos, personas analfabetas, personas que sufren alguna enfermedad mental… Es cierto que ninguno “está ahí por haber ayudado a cruzar la calle a una abuelita”, como se dice entre los presos, pero, a veces, la cárcel no es la mejor solución.

Actualmente, un 66% de los internos están en prisión por delitos contra el patrimonio y por delitos contra la salud pública, es decir, por robos y por tráfico de drogas, según los datos del gobierno español. Así, “el mito popular sobre la alta peligrosidad y la gravedad de los delitos de las personas que están encarceladas y que subyace en las peticiones expansionistas del sistema penal pierde intensidad”, sostiene la plataforma Otro Derecho Penal es Posible.

También hay que romper con el tópico de que las prisiones son “resorts de lujo”, donde uno va con todos los gastos pagados. Esta percepción cambia si uno la ve de cerca. Los centros penitenciarios son lugares hostiles y agresivos, donde la persona pasa a ser un número, donde se tienen rutinas muy estrictas, donde no abundan las actividades y los talleres, donde no puedes moverte con libertad, donde no hay una asistencia sanitaria adecuada… Visto así, no parece un sitio de lujo.

Otro Derecho Penal es Posible también advierte de que en España las condenas se cumplen de manera íntegra. La mayoría de las personas cumplen sus penas en 1º y 2º Grado, lo que significa que lo hacen en la cárcel. Menos de 7.000 personas se encuentran en situación de 3º Grado, es decir, que salen de la prisión durante el día y vuelven por la noche o tienen permisos los fines de semana.

Las Instituciones Penitenciarias son unas grandes desconocidas. Son poco transparentes. De ahí, la falta de conocimiento de la sociedad sobre el entorno penitenciario y sobre lo que significa la privación de libertad. Organizaciones como SOLIDARIOS para el Desarrollo entran todas las semanas en prisión con cientos de voluntarios como un soplo de aire fresco. Es importante que la sociedad civil entre en las prisiones y que cuenten esa realidad tan distinta al imaginario colectivo.

Artículo de Ana Muñoz Álvarez, periodista y miembro del Centro de Colaboraciones Solidarias.